Corrupción en la Costa del Sol

Operación Ballena Blanca ó corrupción gigante en Marbella, Costa del Sol, Costa Blanca...

Todos los medios de comunicación se hacen eco de la red desarticulada en Marbella que, presumiblemente, blanqueaba dinero de la petrolera Yukos. De momento 41 los detenidos en el marco de la operación 'Ballena Blanca', una compleja investigación que se inició en septiembre de 2003 y que se considera la mayor en España contra las organizaciones de lavado de dinero. notarios, abogados, aviones y embarcaciones y coches de lujo, negocios inmobiliarios -más de 250 fincas- con extensiones, aparte de Marbella en Cádiz, Alicante, y una investigación en marcha sobre mafias relacionadas con actividades delictivas graves, tales como el tráfico de drogas, homicidios, tenencia ilícita de armas, prostitución coactiva, secuestros, ajustes de cuentas o estafas...

Anuncio "Aquí, corrupción bienvenida"

Cabe preguntarse qué cabía esperar tras lo que era un grito a voces. ¿No era un síntoma claro que un Jesús Gil y Gil ganara reiteradamente las elecciones a Alcalde de Marbella? ¿No era altamente alarmante que una jueza que denunciaba algo casi era expedientada por el Consejo General del Poder Judicial? ¿O las increíbles trabas a investigaciones de iniciativas judiciales?.

Hacía años que Marbella tenía puesto un gran cartel de "aquí, la corrupción bienvenida". Esto es, la existencia de unas condiciones idóneas para la corrupción y la atracción de mafias. Esta una vez afincadas, desarrollan sus acciones y extenden progresivamente la corrupción y dominio al resto del sistema.

No le faltará razón al fiscal antimafia de la Costa del Sol, Juan Carlos López Caballero, ha asegurado que "lo peor está aún por llegar". Ojalá este hombre haga su difícil trabajo y las administraciones no escatimen medios para ayudarle.

Corrupción sector inmobiliario e imagen residencial y turística

En un anterior Blog, hablábamos de la corrupción con motivo del escándalo catalán del 3%. Sin duda estas organizaciones mafiosas habrán valorado positivamente las facilidades que proporciona el sector de la construcción y el sector inmobiliario a la hora de administrar, generar, blanquear bolsas dinero negro y los mecanismos permisivos a través de los que aflora el blanqueo del mismo.

Sr. Presidente Don José Luis Rodríguez Zapatero, España debe blindarse contra la corrupción. De nada sirve la mejor reforma de la Constitución o de los Estatutos de las Comunidades Autónomas si la corrupción subyace dentro del sistema, devaluando las libertades y la democracia. La lucha contra la corrupción es una tarea prioritaria. Ignorarla porque no somos capaces de identificarla o perseguirla, salvo casos escandalosos y gigantescos como el que nos ocupa, no es buena política para el país.

Una imagen turística y residencial ganada en muchos años, un sector de la construcción que gracias a la demanda externa de pequeños ahorradores europeos da empleo a decenas de miles de personas y es motor de la economía española... Una legislación permisiva y escaso personal especializado y medios en los juzgados y en las fiscalías anticorrupción... Pocas ganas políticas de hincar el diente a la corrupción. Quizás la incapacidad que provoca la escasez de medios e instrumentos, les haga estar más tranquilos a los del 3%.

Enlaces:

• Corrupción
• Inversiones en la Costa Blanca

CORRUPCION

Corrupción y democracia

Pocas cosas hay que dañen tanto a la democracia como la corrupción institucionalizada. Aquella que se mueve entre los entresijos de los vacíos legales, del conformismo político y de una presumible complicidad.

Cuesta trabajo entender la polémica del 3% en los términos que se desenvuelve. Cuesta trabajo entender a un Presidente de la Generalitat, con muchos años de experiencia política, que en una sesión del Parlament lo suelta como arma arrojadiza.

Ante los rumores, transparencia

Si es un rumor a gritos en la calle se supone que la máxima autoridad catalana debería tomar medidas urgentes y eficaces para esclarecer hasta el último extremo las sospechas, evidencias o rumores... Incluso, si fueran de este último género, hay una obligación política de eliminar fulminantemente la base que los alimenta. No hay eliminación posible sin transparencia, publicidad y el desarrollo de normas y medidas eficaces.

Nada de esto hemos oído estos días. La sombra de dudas, de sospechas de este género, sin que se tomen iniciativas, daña la democracia. Quizás el problema sea de una gravedad mayor de lo que a la clase política quiere admitir.

Hoy la prensa se hace eco de la noticia de que un pequeño constructor denuncia supuestos pagos en dinero negro del 20% de comisión por obras que efectuó en los dos últimos años para una empresa pública de la Generalitat encargada de la rehabilitación de viviendas. El empresario asegura que hizo los pagos "en negro" a un pariente lejano del entonces conseller de Política Territorial i Obres Públiques, del gobierno de CIU. "Estoy deseando que me llame la Fiscalía Anticorrupción", afirma.

El actual sistema blinda la corrupción

Los expertos saben muy bien que el actual sistema supone un blindaje en toda regla para la corrupción. Pocos empresarios se atreverían a tomar la iniciativa de confesar ante un juez que han pagado una comisión. Tan culpable es el corrupto como el que corrompe. Esta es la base de la mayor complicidad.

La contratación ilegal de mano de obra, la existencia de un entramado complejo de pequeñas empresas, autónomos, inmigrantes... la generación de una economía irregular, casa muy bien con la capacidad de generar comisiones en el sector de la construcción a través de los reformados, revisiones de precios, liquidaciones, indefiniciones de proyectos y oscurantismos en los procesos de licitación y adjudicación. Es un secreto a voces. En el actual sistema hay más capacidad de controlar los impuestos de un funcionario o un jubilado que a los miles y miles de millones de euros que mueven las empresas constructoras.

Se nos podrá decir que en este país se ha enviado a la cárcel a altos cargos políticos por corrupción o por el uso de fondos reservados. Esto, sin duda, le ha dado credibilidad al sistema judicial y a la democracia en España. Paradójicamente, en esta credibilidad se estaría sustentando un conformismo y un exceso de confianza a la hora de evaluar la capacidad actual de los controles de la administración y la justicia para hacer frente a un corrupción mucho más sofisticada y difícil de desenmascarar por las propias reglas que la definen.

• Comisiones 3%
• La ética y la política
• La corrupción de partidos y medios de comunicación

Comisiones al 3%

El 3%, el tres por ciento...

-Ah, ¿pero era el tres? así que... ¡no es el cinco! comentó alguien de provincias....

Lo peor de todo esto es que la mayor parte de los medios de comunicación que no se toman este tema en serio. El debate del caso Carmel ha dejado al descubierto el subconsciente de la política española. Uno, el Molt Honorable President de la Generalitat sacando a colación "el 3%". Otro, el jefe de la oposición amenazando que o lo retira o no hay acuerdo para el Estatut.

Este debate no interesa a ningún partido político y por extensión a pocos medios. Sin embargo, la seriedad de un país como España, donde las empresas de la construcción son las locomotoras de la economía, exige que se cierre esta "puerta del sótano" cuanto antes. Una puerta de la que casi nadie habla, casi nadie ve, pero todo el mundo ha oído de su existencia.

Una Ley de Contratos del Estado para cambiar, Sr. Zapatero

J. Borrell, el hoy Presidente del Parlamento Europeo, cuando era ministro de Obras Públicas y Urbanismo, le lanzó un órdago a las constructoras al señalar que acabaría con las comisiones y las corruptelas. Pese a sus loables intenciones, hoy en día, "se sabe" que hay mecanismos por donde la deseable transparencia se vuelve muy opaca.

¿Y por qué? Pues muy sencillo: la Ley de Contratos del Estado permite las licitaciones con un margen de discrecionalidad alto. Posteriormente todavía es peor: no hay servicios de inspección técnicos -los hay jurídicos y contables que difícilmente pueden entrar en el meollo de la cuestión- que puedan hacer "auditorías de obras ejecutadas" en profundidad, en tiempo y forma.

El debate hay que situarlo en la discrecionalidad y la falta real de control de las obras. Los hundimientos del caso Carmel" vienen a poner en evidencia lo que puede estar ocurriendo ya desde hace muchos años y que no se destapa por la confluencia de unos intereses profundos y complejos.

Una fuente de potenciales corruptelas: reformados, liquidaciones, ampliaciones, revisiones de precios...

La discrecionalidad en la adjudicación de una obra en un proceso de licitación pública es un problema complejo. No sólo se soluciona con cambios en el actual marco jurídico a través de los criterios que rigen en la "fórmula" ó método de adjudicación. Sin duda, el reforzamiento legal, la publicidad, la participación de miembros externos, la fijación de criterios objetivos en las comisiones de adjudicación permitiría una mayor garantía y "objetividad" en la contratación. Pero esto no es todo.

Una vez la empresa adjudicataria comienza la obra a través de proyectos con un alto grado de indefinición. No hay proyecto "perfecto". La normativa actual hace fácilmente permisible la realización de reformados, ampliaciones, liquidaciones y revisiones de precios que llegan a adulterar claramente las base de concurrencia de la propia licitación y las motivaciones iniciales de la misma.

Aunque las empresas hayan ganado un concurso con precios muy ajustados, llegan a recuperar grandes márgenes a través de estos mecanismos, sin estar sujetos a un control eficaz. Una obra puede acabar costando a las arcas públicas el doble de su coste de licitación. Aquí es donde hay una fuente potencial de corruptelas que escapa a la transparencia y a un control efectivo. No afrotarlo sería un gran error.

Soluciones

Sólo una estricta política de precios cerrados y alentando la profesionalidad de los excelentes técnicos y arquitectos que tiene este país, con auditorias técnicas de calidad a fondo, mucho más allá de la simple "recibir la obra", se podría hacer frente a la actual situación. Las soluciones tienen que ir de la mano del unos precios cerrados, solo alterables en circunstancias excepcionales y auditorias de calidad que tomen como base proyectos con un alto grado definición.

Y conviene no aplazar las soluciones por muchas razones:

- Por la deseable transparencia y credibilidad de las instituciones y por establecimiento de todas las cautelas y frenos a potenciales corruptelas de todo tipo. Se trata de reforzar la democracia.

- Por el freno a prácticas de economía sumergida, marginalidad, siniestrabilidad en el sector, etc.. Especialmente viables en un contexto donde existe una alta inmigración. En donde las cifras se siniestros son preocupantemente altas.

- Por las garantías de calidad y seguridad de la propia actividad constructora. Donde el caso del Carmel podría ser un ejemplo de los riesgos que se corren.

- Por la propia consistencia de las actuaciones de importantes empresas en un marco estrictamente legal. Fuera de ese marco legal, se pueden crear estructuras imprevisibles y de alto riesgo para cualquier país.

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• La financiación de los partidos

La financiación de los partidos

Vamos a insistir hasta que se nos tache de pesados: no habrá una democracia sólida en España hasta que los partidos no tengan una financiación legal, transparente y abierta. Hoy el diario El País y la cadena SER publican en portada que El Tribunal de Cuentas denuncia que las campañas de publicidad del ex-ministro de Trabajo y actual Portavoz del PP fueron ilegales y beneficiaron a dicho partido. Ver Noticia.

Se trata de un "escándalo" de una dimensión realmente importante:

• En la campaña se gastaron 6 millones de euros (10.000 millones de las antiguas pesetas).
• La campaña fue encargada a la empresa que preside el ex portavoz en los gobiernos de Aznar Miguel Angel Rodríguez. La asociación de agencias de publicidad incluso llegó a protestar entonces y la fiscalía Anticorrupción abrió diligencias (¿?).
• Algunas empresas beneficiadas trabajaron para el Partido Popular en las elecciones autonómicas del 2003. En concreto en Valencia, Canarias, Baleares y Madrid.
• Se hace en un Ministerio que, como señala el informe "los recursos debieron haberse dedicado a campañas relacionadas directamente con la atención a los ancianos, a inmigrantes y refugiados, a promoción de la mujer o a fomento y gestión del empleo".

El Tribunal denuncia que las campañas publicitarias sobre revalorización de pensiones promovidas por el Ministerio de Trabajo bajo mandato del actual portavoz parlamentario del PP, sólo persiguieron "mejorar la imagen gubernamental", con " solapamiento indebido y previsible con la campaña electoral" del 14 de marzo de este año.

El País señala que "Esta actuación, según el informe, podría suponer, al margen de su irregular contratación, una "desviación de poder" y una malversación, al haberse destinado fondos públicos a una finalidad distinta de la permitida por el ordenamiento jurídico: la mera publicidad institucional"

En el Reino Unido hemos leído estos días que su Ministro del Interior, David Blunkett, ha debido dimitir por conseguir un pasaporte válido a la niñera de su hijo que le había pedido su amante. Algunos periódicos españoles han tratado el tema en profundidad (no podía esperarse menos). Veremos cuanto espacio y atención le dedican a la denuncia del informe del Tribunal de Cuentas.

Recordamos que en España dos Ministros de Interior y un Secretario de Estado -que está en la cárcel actualmente- fueron juzgados duramente por el tema del uso de los fondos reservados en su Ministerio. Algunos medios han sido muy beligerantes con Vera, Corcuera y Barrionuevo. Ahora se verá si se trataba únicamente de rentabilizar esta cuestión de forma partidista o hay un interés objetivo por luchar por la transparencia y la legalidad en España.

Buena oportunidad para poner a este país donde debe estar. Sr. Zapatero, acometa usted el problema de fondo: una nueva ley de financiación de partidos. Así evitaremos que la prensa malinterprete que un político lleve, en sesiones de una Comisión como la del 11- M, un reloj de 18.000 euros que cause sensación.

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• Pilar Manjón
• La ética y la política
• La corrupción de partidos y medios de comunicación
• El descrédito político

La ética y la política

Resulta muy preocupante para nuestras democracias admitir con pasividad el estado de la ética en la política. Ayer mencionábamos la percepción de los ciudadanos a través de una encuesta de TI sobre la corrupción de partidos y medios de comunicación. Hoy la prensa está plagada de "casos prácticos" como diría un estudiante de periodismo.

En la Europa del siglo XXI leemos:

1. "Yushchenko fue envenenado, Los médicos aseguran no tener ninguna duda".
2. "Berlusconi esquiva otra vez a la Justicia italiana, Consigue librarse por 6ª vez de sus responsabilidades".
3. "Un estrecho colaborador de Berlusconi, condenado a nueve años de cárcel por "asociación mafiosa" Marcello Dell`Utri es considerado nexo de unión entre la mafia siciliana y el mundo político y económico de Milán".
4. "Rusia amenaza con ataques preventivos". La metodología de Bush asumida por las grandes potencias militares.
5. "Un suboficial estadounidense condenado a tres años de cárcel por dar el tiro de gracia a un joven iraquí que iba desarmado y que acababa de ser gravemente herido por la misma unidad de este militar".

En este marco llama poderosamente la atención el Código para el buen gobierno del Gobierno. En general aplaudido por casi toda la prensa y aceptado, aunque como propaganda, por la oposición. Como señala el diario El País "No hay ética sin estética, y viceversa" (Editorial El País).

Sin embargo, Sr. Zapatero, Sr. Presidente, convendrá que es poco "estético" que vayamos a aprobar una constitución europea con un primer ministro en Italia que sigue en su cargo habiendo sido hallado culpable de corromper a la justicia y con colegas y colaboradores aliados de la mafia.

Resulta poco "estético" que visite usted al Presidente Putin, partidario de la guerra preventiva (a que usted Sr. Zapatero se opuso), por no hablar de temas muy graves que conviene esclarecer como es el caso del envenenamiento del candidato opositor a la Presidencia de Ucrania, Viktor Yushchenko.

Es de alabar cualquier buena intención, pero créanos, seguiríamos de muy buen grado llamándole "Excelentísimo" si afronta un "código" mucho más claro en sus relaciones internacionales. Incluido su reciente y poco comprensible viaje a Rusia.

• La corrupción de partidos y medios de comunicación

La corrupción de partidos y medios de comunicación

Los partidos y los medios, los más corruptos según los españoles

Este es el titular que ha aparecido estos días en la prensa, sin mucho énfasis en la difusión, haciéndose eco de un informe publicado por la ONG "Transparencia Internacional"

Según este informe, "los españoles consideran que los partidos políticos, con una nota de 3,8 puntos, son las instituciones más corruptas, una opinión que comparten con los ciudadanos de otros 61 países, que conceden a las organizaciones políticas las peores puntuaciones en la clasificación de estamentos más afectados por los sobornos y el cohecho. En segundo lugar sitúan a los medios de comunicación, con una nota de 3,6 puntos, según el Barómetro Global de la Corrupción 2004, publicado hoy por la ONG Transparencia Internacional".

Las empresas también están entre las organizaciones más afectadas por esas prácticas, con una calificación de 3,5 puntos. La opinión pública española considera que la corrupción afecta menos a las ONG, los servicios públicos y de salud y el sistema educativo, que junto con el Ejército y la Policía reciben una puntuación inferior al 3.

Las conclusiones globales del Barómetro de Transparencia Internacional (TI), elaborado a partir de 50.000 encuestas efectuadas en un total de 62 países, revelan, en cambio, que la Policía, los parlamentos y los poderes judiciales son las instituciones consideradas más corruptas a nivel mundial, por detrás de los partidos políticos.

Hace unos días hablábamos en nuestro Blog del descrédito político que se vive de forma alarmante en España. Este tipo de encuestas no hace sino poner de relieve una grave situación de la que es difícil salir. La pregunta que se hace cualquier ciudadano es ¿cómo vamos a solucionar un problema de corrupción que afecta a partidos y a medios si los medios y los partidos son los propios afectados? Ambos son los pilares de la democracia encargados de identificar, denunciar y debatir los problemas.

Tenemos un sistema enfermo. Con la complicidad de miles de ciudadanos que aspiran a entrar "dentro del sistema". Con unos medios de comunicación dispuestos a dar cabida a la telebasura que sólo es un síntoma de un problema de fondo. La prostitución de la vida íntima de ciudadanos que son mitos populares (famosos, famosas...) viene a ser una vacuna contra cualquier escándalo. La prostitución de la intimidad de los no famosos (programas como Gran Hermano) viene a legitimar ya cualquier prostitución política o mediática. Las generaliza como normales entre la gente de la calle. Nadie se escandaliza ya por nada.

Da escalofríos leer en la prensa hoy (no en toda) que un primer ministro de la Europa actual Silvio Berlusconi corrompió en 1991 al juez jefe de los juzgados de instrucción de Roma, Renato Squillante, con una transferencia bancaria de 434.404 dólares y cómo resulta que el delito ha prescrito pues Berlusconi sigue en le puesto como si tal cosa. Los ciudadanos ven normal tener un jefe de gobierno que corrompe a los jueces. ¿Y cómo lo van a denunciar los medios si prácticamente es propietario de casi todos ellos? Estoy convencido que con un líder tan ejemplar las empresas y los ciudadanos italianos verán lógico intentar por todos los medios imitar al jefe del gobierno cuando tengan algún problema con la justicia.

Lean: "Berlusconi y los suyos cantaron victoria, pese a no haber logrado una absolución plena. "Tenía razón al sentirme tranquilo", proclamó Berlusconi. La oposición se mostró moderada en sus comentarios" (Diario El País 11 / 12 /2004).

El abogado Antonio Garrigues, promotor de TI en España, apuntaba durante la presentación del Barómetro que las organizaciones políticas están obligadas a "hacer algo" para eliminar la percepción que la opinión pública tiene de ellas.

De momento, el presidente de TI en España, Jesús Lizcano, tiene previsto solicitar al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que firme y ratifique la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que requiere ser sancionada por 30 países, aunque de momento sólo ha sido ratificada por 12 naciones.

Sr. Zapatero, usted no puede permitir que la corrupción de la vida pública española llegue a las cotas que vive un país como Italia. Su partido, el PSOE, perdió las elecciones hace unos ocho años, por la corrupción. Algunos políticos de su partido todavía están en la cárcel. Usted debe dar señales inequívocas al país de su máxima intransigencia con la corrupción. No hay menor corrupción porque esta "se tape mejor" o no salga a la luz pública. La corrupción es una percepción ciudadana que vas más allá de una intuición.

Los embajadores extranjeros escriben a Zapatero

Los residentes extranjeros de la Comunidad Valenciana se han rebelado contra la política y el modelo urbanistico del Gobierno Valenciano. The Sunday Telegraph se hace eco con dureza del problema. Se refiere a la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) de servir a los intereses de grandes promotores y de estar apoyada por políticos corruptos. En esta situación han confluido denuncias contenidas en el informe de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo sobre supuestos abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana. El PP y el PSOE valencianos cierran filas conjuntamente en defensa de la citada Ley.

Reproducimos por su interés el artículo aparecido en el diario Valenciano Levante, en el que se recoge que hasta el ex jefe del espionaje de Canadá protesta contra la citada Ley y que 17 embajadores han escrito a Zapatero para denunciar el atropello que se está produciendo.
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El ex jefe del espionaje de Canadá lidera la protesta contra las expropiaciones en la costa

Aparecido en el diario Levante: 1/11/2004

«La Comunidad se convertirá en un muro de ladrillo económico», asegura Zvoboda.

El ex director del servicio de inteligencia de Canadá, Charles Zvoboda, encabeza una lista de 20.000 extranjeros con intereses inmobiliarios en la costa valenciana que protesta contra la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU). Zvoboda, que tiene una propiedad en la localidad de Benissa, en la zona de la partida de Benimarco, ha advertido de que la Comunidad Valenciana se convertirá en «un muro de ladrillo económico».

Según el ex jefe del espionaje canadiense, que reside desde hace años en la costa valenciana, el Gobierno de la Generalitat «está fuertemente endeudado y confía enteramente en un único sector, el de la construcción». En opinión de Zvoboda prácticamente cada localidad valenciana «tiene planes para construir miles de viviendas más en la esperanza de convertirse en un nuevo 'El Dorado' a costa de las hordas de jubilados que proceden del norte de Europa», señala.

La de Zvoboda es una de las 20.000 firmas que ha recibido el embajador británico en España, Stephen Wright, quien ha unido su voz a la de otros dieciséis embajadores de países europeos para protestar contra supuestas expropiaciones de las propiedades de extranjeros en la Comunidad Valenciana.

De las protestas se ha hecho eco el diario británico The Sunday Telegraph que ayer recogía una información, según la cual propietarios extranjeros han tenido que vender los terrenos «en torno a sus casas por una décima parte de su valor además de pagar casi 350.000 euros en obras de infraestructura».

Carta de los embajadores a Zapatero

Los 17 embajadores han escrito, según el periódico, al presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, instándole a poner fin «al aparente abuso de la legalidad» por parte del Gobierno valenciano y advirtiéndole de que está perjudicando la reputación del país.

A pesar de los llamamientos a la Generalitat, los embajadores se quejan en su carta de que la ley en cuestión «sigue en vigor y muchos residentes se encuentran amenazados por la expropiación de sus casas o se exponen a grandes exigencias financieras de promotores de urbanizaciones», añade el diario.

Según el periódico, la protesta «refleja la creciente irritación entre los propietarios de viviendas en una zona de 240 kilómetros a lo largo de la Costa Blanca». Sus protestas se centran en la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), destinada a impedir que los dueños de propiedades se opongan a los planes urbanísticos y que está siendo «explotada por empresas de construcción con el apoyo de políticos locales corruptos», dice el Sunday Telegraph.

«En una localidad tras otra -a esas compañías- se les ha dado el derecho de confiscar los terrenos en torno a las viviendas de extranjeros a cambio de sumas ridículas y a exigirles a ésos además el pago de ciertas cantidades para sufragar la construcción de carreteras, alcantarillado y otros servicios», añaden.

Enlaces:

• EU homeowners and ambassadors challenge Valencian land laws