Ley europea de repatriación de inmigrantes
El Parlamento Europeo aprobó la ley de repatriación de inmigrantes sin papeles, como primer paso para lograr una política de inmigración común para toda la Unión Europea.
Luego de tres años de continuas negociaciones; la nueva ley de expulsión de inmigrantes indocumentados de la Unión Europea fue aprobada en la eurocámara con 367 votos a favor , 206 en contra y 109 abstenciones.
La ley promueve el retorno voluntario en una normativa común a todos los países miembros de la Unión donde se regula el retorno de inmigrantes irregulares que llegan de países no comunitarios. Si los inmigrantes no son legalizados, los estados ofrecen un período mínimo de salida de siete días y un período máximo de 30 días para aquellos ilegales que retornen por propia voluntad a sus países de origen; en caso contrarío podrán ser recluidos en Centros de Detención a espera de su expulsión por un período de detención máxima de hasta 18 meses con una prohibición de cinco años para poder volver a ingresar en territorio europeo.
En la actualidad hay países que no tiene mínimos, ni máximo y en general todos tienen normas distintas; en el caso de España, Francia y Chipre, los períodos de retención son menores que los establecidos por la nueva ley, en comparación con los 6 meses de países como Hungría, Polonia o Bélgica; o en otros países (Reino Unido, Grecia, Finlandia, Irlanda o Holanda) donde no existe limite de retención.
La regulación de expulsión busca dar al inmigrante garantías jurídicas; especialmente aquellas que preservan los intereses de los menores y las familias; estableciendo primeramente un máximo de 6 meses de retención, pudiendo extenderse según el caso a 12 meses más. Los Estados miembros deberán proporcionar asistencia legal gratis a los inmigrantes irregulares que no tengan recursos.
La aprobación formal del Consejo será en el mes de Julio y cada miembro tendrá un período de 2 años para modificar su normativa y adaptarse a la nueva legislación hasta que entre en vigor en el año 2010. España calcula que entre 15 a 20 mil inmigrantes se acogerán a las Directivas de Retorno.
El Gobierno español prevé restringir los criterios de reagrupación familiar a solo el cónyuge y los hijos menores de 18 años del inmigrante que lo solicita, anuncio el ministro de Trabajo e Inmigrantes, celestino Corbacho; mientras que actualmente esta modalidad admite integrar en el núcleo familiar a los hijos menores o no, a los padres o suegros del solicitante. Con esta medida se busca reducir la llegada de inmigrantes a España. Por otro lado España cree que es excesivo el período máximo de 18 meses de retención para los inmigrantes según la nueva ley, por lo que no se acogerá.
Se espera una respuesta conjunta de los diferentes países de América Latina en protesta contra el compromiso de la Eurocámara y los 27 Estados miembros de la Unión Europea que aprobaron la nuevas normativas sobre inmigración. Las reacciones suscitadas en Latinoamérica por la aprobación de la Ley de expulsión son de repudio; las mismas son consideras discriminatorias, constituyen una violación a los derechos Humanos básicos y en particular al derecho de libre circulación internacional. ; en el caso del Cónsul del Perú en Madrid, Carlos Isasi Cayo, considera que la ley equipará a los inmigrantes con los delincuentes comunes.
Luego de tres años de continuas negociaciones; la nueva ley de expulsión de inmigrantes indocumentados de la Unión Europea fue aprobada en la eurocámara con 367 votos a favor , 206 en contra y 109 abstenciones.
La ley promueve el retorno voluntario en una normativa común a todos los países miembros de la Unión donde se regula el retorno de inmigrantes irregulares que llegan de países no comunitarios. Si los inmigrantes no son legalizados, los estados ofrecen un período mínimo de salida de siete días y un período máximo de 30 días para aquellos ilegales que retornen por propia voluntad a sus países de origen; en caso contrarío podrán ser recluidos en Centros de Detención a espera de su expulsión por un período de detención máxima de hasta 18 meses con una prohibición de cinco años para poder volver a ingresar en territorio europeo.
En la actualidad hay países que no tiene mínimos, ni máximo y en general todos tienen normas distintas; en el caso de España, Francia y Chipre, los períodos de retención son menores que los establecidos por la nueva ley, en comparación con los 6 meses de países como Hungría, Polonia o Bélgica; o en otros países (Reino Unido, Grecia, Finlandia, Irlanda o Holanda) donde no existe limite de retención.
La regulación de expulsión busca dar al inmigrante garantías jurídicas; especialmente aquellas que preservan los intereses de los menores y las familias; estableciendo primeramente un máximo de 6 meses de retención, pudiendo extenderse según el caso a 12 meses más. Los Estados miembros deberán proporcionar asistencia legal gratis a los inmigrantes irregulares que no tengan recursos.
La aprobación formal del Consejo será en el mes de Julio y cada miembro tendrá un período de 2 años para modificar su normativa y adaptarse a la nueva legislación hasta que entre en vigor en el año 2010. España calcula que entre 15 a 20 mil inmigrantes se acogerán a las Directivas de Retorno.
El Gobierno español prevé restringir los criterios de reagrupación familiar a solo el cónyuge y los hijos menores de 18 años del inmigrante que lo solicita, anuncio el ministro de Trabajo e Inmigrantes, celestino Corbacho; mientras que actualmente esta modalidad admite integrar en el núcleo familiar a los hijos menores o no, a los padres o suegros del solicitante. Con esta medida se busca reducir la llegada de inmigrantes a España. Por otro lado España cree que es excesivo el período máximo de 18 meses de retención para los inmigrantes según la nueva ley, por lo que no se acogerá.
Se espera una respuesta conjunta de los diferentes países de América Latina en protesta contra el compromiso de la Eurocámara y los 27 Estados miembros de la Unión Europea que aprobaron la nuevas normativas sobre inmigración. Las reacciones suscitadas en Latinoamérica por la aprobación de la Ley de expulsión son de repudio; las mismas son consideras discriminatorias, constituyen una violación a los derechos Humanos básicos y en particular al derecho de libre circulación internacional. ; en el caso del Cónsul del Perú en Madrid, Carlos Isasi Cayo, considera que la ley equipará a los inmigrantes con los delincuentes comunes.
entrada de Euroresidentes a las
09:43
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