Nuevas normas para enviar dinero a casa

Nueva normativa para enviar dinero, más complicado para los ilegales o sin papeles.

A partir del 14 de febrero entró en vigor la nueva normativa sobre la obligación de declarar movimientos de dinero en efectivo. Esta medida atañe a cantidades en efectivo iguales o superiores a 10.000 euros, con el fin de dificultar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

El Ministerio de Economía y Hacienda para prevenir el blanqueo de capitales, exige que las entidades guarden fotocopia de los documentos de identificación de las personas que envían dinero o de las personas que en su nombre realizan el envió.

Las entidades bancarias o casas de cambio de moneda y/o de transferencia de dinero tienen la obligación de identificar a las personas que realizan dichas operaciones, con la presentación de un documento en vigencia, como el DNI, Tarjeta de residencia o pasaporte en vigor. Aunque la mayoría de los inmigrantes que realizan pequeños envíos no superan los 10.000 euros (límite permitido), muchos de ellos no cuentan con documentos en vigencia por su condición de ilegal o sin papeles.

Cuando los envíos de dinero superen los 3000 euros por trimestre realizados por la misma persona, las entidades de transferencia deben tomar medidas adicionales de identificación según la misma ley, con el fin de conocer la actividad que justifiquen los fondos que se envían o el origen de los mismos.

La mayoría de los inmigrantes que envían dinero a sus países de origen son por lo general el único sustento de sus familias, estos fondos constituyen un aporte fundamental para el desarrollo de los países de recepción. Un buen ejemplo es Ecuador, donde las remesas enviadas constituyen una fuente de ingreso de primer nivel.

Con las nuevas medidas aumentaran también las comisiones por el envió de remesas, dado que las entidades para poder aplicar la reglamentación tendrán que aplicar 13 nuevas medidas de control interno y además deben guardar la información durante seis años, originales en papel y en medios informáticos para que sean accesibles cuando el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Dinero lo solicite.

Estos requisitos obligan a la contratación de más personal y la informatización con formación del personal por parte de las remeseras, operación que se solventara en el incremento de las comisiones. Esto se contrapone con el acuerdo de intención firmado por la Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional con la Asociación Española de Banca y la Confederación Española de Cajas de Ahorro.
Ver nota del jueves 15 de febrero: Remesas de inmigrantes como motor de desarrollo.