Corrupción y actitudes
CORRUPCIÓN Y ACTITUDES
En estos días se han publicado los resultados de ese trabajo que anualmente realizan las organizaciones dedicadas, entre otras cosas, a medir el grado de corrupción en los países y así conformar un ranking. También los indicadores marcan a las instituciones más afectadas por la corrupción según las estimaciones de las encuestas al efecto en cada país. La ubicación de la Argentina sigue siendo deplorable y entre las instituciones más corruptas se señala a los partidos políticos y al parlamento o congreso.
No se ha escuchado ningún comentario al respecto, no se ha publicado una línea de desagrado, nadie ha manifestado preocupación, no se ha esbozado ningunas propuesta con intenciones correctoras. Será por aquello de “no hablar de la soga en la casa del ahorcado”?.
Uno de los datos que se brinda dice que sólo el 6% de los argentinos manifiesta haberse visto alcanzado por la corrupción. Esto quiere decir una vez más que ratificamos esa gloriosa costumbre nacional de que siempre fue el otro, alguno de esos que integran el 94%, pero que no fueron interrogados.
Esa falta de comentarios y este último dato me resultan aún más preocupantes que los resultados de la encuesta. Nuevamente aquello de: agacharse que todo pasa en esta bendita nación.
La primera vez que visité el país que entonces era considerado el más afectado por una corrupción sistematizada e institucionalizada a través de un régimen político hegemónico me sentí muy impresionado por los relatos que me hacían. Al punto de comprarme todos los libros que encontré y que pudieran contener alguna descripción más intelectualizada sobre el régimen.
Pero lo que más me llamó la atención y movió mis reflexiones hasta el asombro era la actitud de los interlocutores. Me contaron innumerables anécdotas, situaciones y chistes, pero siempre en estado contemplativo, como me gusta llamar a lo meramente descriptivo y sin compromiso. Tal vez, si fuera posible, con una valoración neutra o indiferente.
Mientras hablaba con alguien de más confianza le referí esta impresión y categóricamente me dijo que eso era porque todos o muchos sólo esperaban su oportunidad para ser iguales, porque esas eran las reglas del juego.
Desde entonces me ha quedado un concepto muy desalentador en la visión sobre estos fenómenos tan terribles.
Tengo la más absoluta convicción de que el principal mal de la Argentina es la corrupción. Es el color del cristal que tiñe todo confusamente; que condiciona y relativiza todos los esfuerzos y todas las acciones; que ridiculiza a los honrados y premia a los deshonestos; que al igual que una grave enfermedad se expande por todo el cuerpo de la república y provoca metástasis en todos los órganos.
Creo que no hay posibilidades de construir un país en serio si no se ataca este mal que se ha constituído en una causa que tiene cada vez más militantes y de todas las proveniencias.
Pero no me surgen esperanzas cuando veo que, peor aun que en aquel país al que me referí, no sólo se mantiene una actitud de indiferencia sino que no surge ninguna voz, aunque fuera una solitaria y sin mucha fuerza, que salga a comentar críticamente el lugar que ocupamos como país con alto índice de corrupción.
No incluyo al gobierno en esta demanda porque sólo se dedica a comentar las cosas buenas y favorables y esta cuestión, precisamente, me parece que no le conviene..
Luis Antonio Barry
Buenos Aires, diciembre de 2006.-
En estos días se han publicado los resultados de ese trabajo que anualmente realizan las organizaciones dedicadas, entre otras cosas, a medir el grado de corrupción en los países y así conformar un ranking. También los indicadores marcan a las instituciones más afectadas por la corrupción según las estimaciones de las encuestas al efecto en cada país. La ubicación de la Argentina sigue siendo deplorable y entre las instituciones más corruptas se señala a los partidos políticos y al parlamento o congreso.
No se ha escuchado ningún comentario al respecto, no se ha publicado una línea de desagrado, nadie ha manifestado preocupación, no se ha esbozado ningunas propuesta con intenciones correctoras. Será por aquello de “no hablar de la soga en la casa del ahorcado”?.
Uno de los datos que se brinda dice que sólo el 6% de los argentinos manifiesta haberse visto alcanzado por la corrupción. Esto quiere decir una vez más que ratificamos esa gloriosa costumbre nacional de que siempre fue el otro, alguno de esos que integran el 94%, pero que no fueron interrogados.
Esa falta de comentarios y este último dato me resultan aún más preocupantes que los resultados de la encuesta. Nuevamente aquello de: agacharse que todo pasa en esta bendita nación.
La primera vez que visité el país que entonces era considerado el más afectado por una corrupción sistematizada e institucionalizada a través de un régimen político hegemónico me sentí muy impresionado por los relatos que me hacían. Al punto de comprarme todos los libros que encontré y que pudieran contener alguna descripción más intelectualizada sobre el régimen.
Pero lo que más me llamó la atención y movió mis reflexiones hasta el asombro era la actitud de los interlocutores. Me contaron innumerables anécdotas, situaciones y chistes, pero siempre en estado contemplativo, como me gusta llamar a lo meramente descriptivo y sin compromiso. Tal vez, si fuera posible, con una valoración neutra o indiferente.
Mientras hablaba con alguien de más confianza le referí esta impresión y categóricamente me dijo que eso era porque todos o muchos sólo esperaban su oportunidad para ser iguales, porque esas eran las reglas del juego.
Desde entonces me ha quedado un concepto muy desalentador en la visión sobre estos fenómenos tan terribles.
Tengo la más absoluta convicción de que el principal mal de la Argentina es la corrupción. Es el color del cristal que tiñe todo confusamente; que condiciona y relativiza todos los esfuerzos y todas las acciones; que ridiculiza a los honrados y premia a los deshonestos; que al igual que una grave enfermedad se expande por todo el cuerpo de la república y provoca metástasis en todos los órganos.
Creo que no hay posibilidades de construir un país en serio si no se ataca este mal que se ha constituído en una causa que tiene cada vez más militantes y de todas las proveniencias.
Pero no me surgen esperanzas cuando veo que, peor aun que en aquel país al que me referí, no sólo se mantiene una actitud de indiferencia sino que no surge ninguna voz, aunque fuera una solitaria y sin mucha fuerza, que salga a comentar críticamente el lugar que ocupamos como país con alto índice de corrupción.
No incluyo al gobierno en esta demanda porque sólo se dedica a comentar las cosas buenas y favorables y esta cuestión, precisamente, me parece que no le conviene..
Luis Antonio Barry
Buenos Aires, diciembre de 2006.-
posted by Luis Antonio Barry at 7:44 AM
2 Comments:
La corrupción argentina es una vergüenza, todos los políticos aceptan coimas o malgastar el dinero público y lo grave es que se dedican a desvalijar la caja común; mientras más de un tercio de la población vive en la pobreza. Todos tienen una riqueza personal insospecha e inmunidad frente al despilfarro.
Todo esto se ha contagiado a la población y lo que se llama viveza argentina raya lo ilegal, así aprendimos a pagar coimas para que la policía no nos multe frente a una infracción, compramos artículos poco confiables que pueden ser robados para beneficiarnos, no respetamos a los otros, si encontramos una cartera con dinero, nos guardamos el dinero y nos deshacemos rápidamente de las evidencias, mentimos en la declaración de impuestos, etc.…Creo que para solucionar esto debemos cambiar la educación de nuestro hijos y avalar esta postura con nuestro ejemplo, sino seguiremos como hasta ahora o aun peor aumentando el numero de pobres e indigentes.
CORRUPCIÓN-ARGENTINA: Muchos crímenes, pocos castigos.
Fraude, sobornos, lavado de dinero.En los últimos 25 años, hubo en Argentina al menos 750 causasjudiciales por corrupción, pero apenas tres por ciento tuvo condena. La mayoría de los procesos caducó o va camino de laprescripción por la impotencia del sistema, afirman expertos. "El sistema de persecución penal en Argentina no está preparado para enfrentar delitos económicos", dijo el abogado Pedro Biscay, director del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) y coordinador del primer Banco Nacional de Datos sobre Corrupción y Criminalidad. El Cipce estima que los delitos de corrupción investigados costaron al país más de 10.000 millones de dólares, que podrían recuperarse con la legislación adecuada. Mientras tanto, por falta de fondos, el banco de datos no puede ser consultado por Internet. Si se necesitan informes hay que concurrir a la ofician de Cipce o consultar por correo electrónico... Los resultados de esta investigación realizada con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo y otras entidades no gubernamentales, coinciden con otros informes difundidos este año. Un estudio encargado por el gobierno y financiado por el Banco Mundial reveló que los ilícitos de corrupción en Argentina se investigan con una lentitud cinco veces mayor a la de los delitos comunes. El informe, titulado "Mapa de Riesgos de la Corrupción", señala que las demoras responden a fallas delsistema. Esas fallas son aprovechadas al máximo por los defensores de los imputados que apelan a una amplia gama de recursos para entorpecer los trámites, conseguir nulidades o retardar decisiones hasta que las causas prescriben antes de arribar a unfallo firme, observaron los autores de la pesquisa. Para Biscay, el resultado observado en la recolección de datos mostró "una total ineficacia" de la justicia penal. "Es evidente que la estrategia de persecución fracasó y esto responde a múltiples causas. Fallas en el sistema judicial, en las leyes, y también en los organismos de control", resumió elexperto. De acuerdo con su visión, los jueces y fiscales no tienen la preparación requerida para comprender maniobras económico-financieras cada vez más complejas, y entonces los expedientes se aletargan. En el estudio encargado por elgobierno se advirtió por ejemplo que la duración promedio de una pericia contable es de un año. Biscay señala además que el poder judicial está "muy deteriorado" en su papel de contralor de los actos públicos."La magistratura no tiene la independencia que exige este tipo de investigación, y entonces se vuelve natural y cotidiano escuchar a víctimas o a imputados pedir el juicio político de los funcionarios", abundó. Las estadísticas recogidas para el banco de datos revelan que ex presidentes, ex ministros, jueces, funcionarios, empresarios y banqueros están involucrados en fraudes al Estado, sobornos,lavado de dinero, fuga de capitales, quiebras fraudulentas y vaciamiento de bancos, entre otros delitos. Cuando se efectúan denuncias y se inician investigaciones,éstas ocupan por un tiempo un amplio espacio en los medios de comunicación y luego parecen ir extinguiéndose junto con laacción de la justicia. Al final, el imputado queda libre deproceso pero no de sospecha, y se instala así un fuerte sentimiento de impunidad en la sociedad. Las leyes tampoco resultan un instrumento eficaz paramejorar el estado de cosas. Con el argumento de que se debían fijar límites a losplazos de los procesos, el parlamento sancionó hace un año una ley de reforma del código penal que estableció nuevas condiciones bajo las cuales se interrumpen los plazos de prescripción de los delitos. La medida dio mayor certidumbre alproceso, pero también generó sospechas. El constitucionalista Daniel Sabsay dijo que ante causas futuras, la nueva norma establece plazos razonables para el procesamiento de los imputados. Pero respecto de exfuncionarios involucrados en sonados casos de corrupción, la reforma podría significar impunidad para algunos. Un caso paradigmático es el del ahora senador y expresidente Carlos Menem (1989-1999), quien está procesado por omisión maliciosa de bienes, falsificación de documento público,fraude al Estado, enriquecimiento ilícito y contrabando de armas, entre otros delitos. Sin embargo, la lentitud de los procesos --producto de la ineficacia y la falta de independencia judicial, según Biscay-- podría derivar en la prescripción de esos procesos que llevan más años de instrucción que los de las penas que correspondería aplicar al acusado, si fuera hallado culpable. El abogado sostiene que el Estado "no puede perseguir indefinidamente" a un sospechoso, y por eso considera correcta la reforma penal. Pero dado el rendimiento del sistema judicial para entender delitos económicos, es justificada la desconfianza que suscita la nueva ley de prescripción. A su juicio existen otras alternativas para mejorar laeficacia. "En muchos países de América Latina estamos viendoque los acusados de delitos de corrupción consiguen eludir laacción de la justicia. Pero pocas veces se habla del dinero que queda en sus bolsillos, que podría recuperarse", cuestionó. El jurista explicó que la Convención Interamericana contrala Corrupción prevé medidas sobre los bienes implicados en estetipo de delitos y recomienda a los países que se asistanmutuamente para "identificar, rastrear, inmovilizar, confiscar o decomisar" bienes obtenidos mediante corrupción. "Existen instrumentos como por ejemplo el decomiso de drogas o de productos del contrabando, pero son procedimientos dispersos. Deberíamos unificar criterios e incluir también unaestrategia local para recobrar el dinero", dijo el abogado. Biscay aseguró que incluso en el caso de causas prescriptas, el proceso para recuperar los bienes o dinerorobados puede continuar. Por ejemplo, en el juicio por omisiónmaliciosa que pesa sobre Menem desde 2002, el rescate del dinero mal habido podría llevarse adelante, aunque el delito prescribiera antes de que el proceso llegara a su fin. En 2002 Menem reveló que tenía una cuenta bancaria enSuiza de la cual no había informado en su declaración jurada debienes. Allí estaban depositados 650.000 dólares. Luego se supoque además de ese dinero, el ex mandatario tampoco había declarado poseer dos apartamentos, dos aviones ultralivianos,dos automóviles y acciones en empresas. La omisión maliciosa está penada con dos años de prisión,por lo que de acuerdo a la nueva legislación, la acciónjudicial habría prescripto. Pero el juez federal a cargo delcaso lo elevó el mes pasado a juicio oral pues amplió los cargos contra el imputado, añadiendo falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La pena por omisión maliciosa incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Una condena oportuna hubiera impedido a Menem asumir este mes su cargo de senador en el Congreso legislativo. Y otros corruptos son los peronistas TERRORISTAS Carlos Kunkel (asesinó a 12 personas en 1974, en el copamiento del Regimiento de Formosa), Nilda Garré, Diana Conti, Martín Gras, Felisa Miceli, Hernan Invernizzi, Susana Sanz, Horacio Verbitsky, Eduardo Argenita,Roberto Felicetti, Miguel Bonasso, Alicia Pierini, Humberto Tumini, Carlos Bettini y Eduardo Luis Duhalde. Todos asesinos que ocupan cargos públicos.
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